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El sistema CAE se ha consolidado como una herramienta esencial para mantener activo el mercado de la eficiencia energética. Permite monetizar los ahorros generados por actuaciones de rehabilitación, transformándolos en un incentivo directo que anima a los propietarios a emprender mejoras en sus viviendas.
A diferencia de las subvenciones, el CAE es un mecanismo más ágil y de carácter permanente, capaz de adaptarse a la dinámica del mercado energético y de ofrecer una vía de financiación complementaria y estable.
Actualmente, su alcance en el ámbito residencial sigue siendo limitado: solamente cubren en torno al 10 % del coste total de las actuaciones, una cifra claramente insuficiente para motivar la inversión privada sin la coexistencia de ayudas adicionales.
Para que los CAE desempeñen un papel verdaderamente protagonista en el sector residencial, es necesario aumentar su cobertura hasta el 50 %, equiparándolos a los certificados que se aplican en el sector industrial. De este modo, podrían convertirse en un motor real de dinamización del mercado de la rehabilitación energética.
Esta es una de las principales conclusiones expuestas por Isabel Tejero Fernández, directora general de Consultoría Energética y CAE de EFFIC, durante la jornada “Sistema CAE, mecenazgo en innovación y fondo climático”, organizada por el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente del Port de Barcelona y el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya.
El encuentro reunió a distintos operadores del sector para analizar el mercado de la rehabilitación energética, compartir casos reales de aplicación de los CAE y debatir propuestas que mejoren su funcionamiento y su impacto en la transición energética.
La combinación de ayudas públicas y mecanismos de mercado como los CAE será clave para lograr los objetivos europeos de descarbonización y renovación del parque edificatorio.
Si España quiere acelerar en la rehabilitación del parque residencial, será necesario reforzar el papel de los Certificados de Ahorro Energético como motor de confianza para propietarios, comunidades y promotores que apuesten por la rehabilitación de viviendas.
El Real Decreto 56/2016, transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea de eficiencia energética, ha convertido la auditoría energética en una obligación con plazos concretos, criterios técnicos definidos y un régimen sancionador que en algunos casos puede alcanzar los 60.000 euros.
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